Autor: Firma invitada
noviembre 29, 2016

Historia de los Archivos Históricos Provinciales

Ya desde la reforma del sistema notarial con la Ley del Notariado de 1862 y su posterior Reglamento de 1869, se va a intentar dar una solución al alto número de volúmenes de protocolos notariales que se almacenan en las escribanías de los pueblos y ciudades de España. Por destacar algunas cuestiones claves que la Ley de 1862 establece, citar como los escribanos pasan ahora a denominarse notarios, así como que los protocolos que generaban eran desde esa fecha propiedad del Estado, además de la creación de una institución ex novo: El Archivo General de Protocolos, que se situaba en la cabecera del partido judicial, con fines organizativos y de conservación de los protocolos.

Estos archivos llegan a ser un total de 477,  comprendiendo los protocolos de más de 25 años de antigüedad generados por los llamados hasta entonces escribanos, en cada uno de los municipios del Partido. Al frente del nuevo archivo se situará a un notario archivero, responsable de su custodia y organización. Los municipios estaban obligados a suministrar un local digno donde quedasen instalados.

Junto a la creación de estos nuevos archivos, ya desde fines del siglo XIX y primeros años del siglo XX se experimenta un continuo aumento de la investigación de estos volúmenes notariales por parte de investigadores del arte, la economía y el americanismo.

Asimismo y casi en paralelo, hemos de tener en cuenta que ya desde 1881 el Cuerpo Facultativo de Archiveros, creado en 1858, se había hecho presente en casi todas las provincias españolas pues en ese año se habían hecho cargo de los Archivos de las Delegaciones de Hacienda.

Llegamos de esta manera  al inicio de la Segunda República, en la que se crean los Archivos Históricos Provinciales, mediante una orden conjunta de los Ministerios de Justicia e Instrucción Pública y Bellas Artes, firmada por sus titulares, Fernando de los Ríos y Álvaro de Albornoz, el 12 de Noviembre de 1931 -Gaceta de Madrid, 14 Noviembre de 1931-.

Estos nuevos archivos, el fondo inicial y preferente de esa nueva institución van a ser los protocolos de más de cien años de antigüedad, que se custodiaban en los archivos de protocolos de los distintos partidos judiciales de la provincia. Estos archivos estarán organizados por el Cuerpo Facultativo de Archiveros y cada uno de ellos por un Patronato Provincial encargado de solventar problemas de logística. Lo cierto es que fueron pocos los que se crearon en la Segunda República, ya que al inicio de la Guerra Civil sólo en 15 provincias españolas existía un Archivo Histórico Provincial.

Aún así durante el franquismo, a estos archivos se les encomendó otras funciones más, como la recogida y organización de las antiguas Contadurías de Hipotecas, en el año de 1957, desperdigadas por los Registros de la Propiedad de toda España, así como la recogida de toda la documentación de más de 25 años generadas por las Delegaciones de Hacienda, por una Orden Ministerial de 1962.

Pero fue con el Decreto 914/1969 de 8 de Mayo, de creación del AGA –Archivo General de la Administración Civil- en Alcalá de Henares como archivo intermedio para la Administración Central del Estado, cuando se establece que los Archivos Históricos Provinciales realicen la misma función que este para la Administración Civil periférica, y por tanto se consolidan como el Archivo general de la Administración del Estado en la provincia.

Continuando con nuestra línea de tiempo, a partir de lo que conocemos como el Estado de las Autonomías, con la promulgación de la Constitución de 1978, el sistema archivístico se va a diversificar y no va a obedecer a un criterio uniforme en todos los territorios del país. De esta manera en Andalucía las competencias en materia de archivos fueron transferidas por Real Decreto 864/1984, indicándose que los archivos de titularidad estatal en Andalucía –Archivos Históricos Provinciales y Archivo de la Real Chancillería de Granada- serán gestionados y administrados por la Comunidad Autónoma. Aún así el Estado va a mantener la titularidad de los edificios y los fondos procedentes del Estado.

Pero los Archivos Históricos Provinciales han continuado acumulando nuevas funciones que han transformado la institución hasta llegar a nuestros días, así tenemos que indicar las nuevas competencias que asumen como archivos intermedios de la Administración de la Junta de Andalucía en las respectivas provincias, tal como queda reflejado en el Decreto 323/1987 de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, así como la coordinación técnica de los Archivos de las Delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía.

Por último con la ley en vigor de Archivos de Andalucía 7/2011, de 3 de noviembre, a los Archivos Históricos Provinciales se les encarga que asuman las transferencias de los documentos de conservación permanente de la Administración de Justicia en Andalucía en la respectiva provincia, así como los documentos de conservación permanente de los archivos provinciales intermedios, cuando estos se creen.

El Archivo Histórico Provincial de Cádiz

El Archivo Histórico Provincial de Cádiz (en adelante AHPCA) nace de manera oficial con el Decreto 746/1975, de 6 de marzo.

Desgraciadamente al crearse con tanto retraso el AHPCA respecto a la Orden de 1931 de la II República, no facilitó el que se hubieran agrupado muchos fondos documentales, entre otros los notariales, lo que hizo que imposible la salvación de los cientos de protocolos que fueron destruidos o quemados en sus respectivos Archivos de Protocolos. Así en la provincia de Cádiz existen dos ejemplos bastante significativos: el primero el que sucedió en las jornadas revolucionarias de 1931 en el que ardió por completo el riquísimo Archivo de Protocolos del distrito de Sanlúcar de Barrameda, -que incluía los volúmenes de Chipiona y Trebujena-, que se encontraba situado en dependencias municipales. Asimismo también en fechas próximas a 1931, también fue destruido por las llamas el Archivo de Protocolos del Distrito de Grazalema (al que pertenecían, además, los volúmenes de Benaocaz, Ubrique y Villaluenga), así como el Archivo de Protocolos de Ronda, dónde estaban ubicados el del pueblo de Setenil de las Bodegas entre otros.

Es a partir del año de 1969 con la incorporación de un Facultativo a la plaza de archivero del Estado en la provincia – María Auxiliadora Carmona de los Santos – lo que supone el retomar el tema de la puesta en marcha del AHPCA, ya que el abandono del patrimonio documental en la provincia era ciertamente alarmante, y como ejemplo reflejar su primera preocupación, que no fue otra que la de salvar los protocolos notariales de la ciudad de Cádiz, que se encontraban en pésimas condiciones en un local de las Puertas de Tierra, prácticamente inaccesibles al público y sufriendo un continuo daño por la presencia de humedades, roedores y anóbidos.

Gracias a la colaboración del notario archivero del distrito de CádizD. Francisco Manrique Romero– y al ofrecimiento de la Diputación Provincial se puso en funcionamiento un germen de lo que sería más adelante el archivo en unos locales de la planta baja del edificio de la antigua Aduana de Cádiz –actual sede de la Diputación Provincial– en el que en 1972 se abrían al público los protocolos notariales de Cádiz más las Contadurías de Hipotecas de algunos distritos.

A partir del citado Decreto 746/1975 de creación del AHPCA, la recogida de la documentación de la Administración Civil del Estado en la Provincia se aceleró a tal ritmo que pronto quedaron saturados los locales de los que se disponía en la Diputación Provincial. Ante esta situación, el recién creado Ministerio de Cultura en 1977 dio las instrucciones necesarias para la búsqueda de una nueva sede para el Archivo que reuniera las condiciones idóneas para un centro de esta naturaleza.

Aunque se barajaron otras posibilidades, por último se adquirió la conocida en Cádiz como la Casa de las Cadenas, en la finca de la calle Cristóbal Colón nº 12, lo que tuvo lugar mediante escritura pública otorgada ante el notario de Madrid D. Julio Albi Agero, el 10 de Julio de 1980.

El edificio era una soberbia muestra del hogar de un comerciante a Indias del siglo XVII. Sin embargo, su adaptación para Archivo resultó ser más compleja de lo que en un principio se pensó. Se encargó esta tarea a dos jóvenes arquitectos sevillanos, Antonio Ortiz y Antonio Cruz Villalón. Las obras se prolongaron en demasía en el tiempo por problemas surgidos en la rehabilitación de esta casa, lo que dio lugar a que solo pudiera ser ocupado por el Archivo en mayo de 1987. En verdad, esta última fecha es la que podemos considerar como fundacional del mismo, pues solo a partir de ella se pudo poner en marcha una política archivística de recogida, custodia, conservación, organización y servicio de la documentación, en coordinación con todas las delegaciones provinciales y otros organismos de la Administración.

El Archivo, pese a llevar unos años en funcionamiento, fue oficialmente inaugurado el día 2 de Mayo de 1991 con la presencia del Presidente de la Junta de Andalucía, D. José Rodríguez de la Borbolla y del Ministro de Cultura, D. Jorge Semprun Maura, junto con las autoridades provinciales y locales.

El Fondo de la Fe Pública en el AHPCA. El fondo Notarial

El fondo notarial del AHPCA lo componen más de 16.000 protocolos notariales del Distrito de Cádiz y gran parte de los Distritos notariales de su provincia.

En la actualidad el arco cronológico del fondo notarial del Archivo Histórico Provincial de Cádiz abarca desde principios del Siglo XVI hasta 1915 y a día de hoy son los distritos notariales de Cádiz, Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Grazalema, Medina Sidonia, Olvera, El Puerto de Santa María, San Fernando, San Roque y Sanlúcar de Barrameda, así como sus respectivos pueblos los que han transferidos sus protocolos notariales al Archivo Histórico Provincial en diferentes ingresos.

Estas transferencias se han ido dilatando en el tiempo desde los primeros envíos en el año 1972 correspondiente al distrito de Cádiz hasta los últimos del año 2016 correspondiente al distrito de Sanlúcar de Barrameda y Grazalema.

Tenemos que destacar que en la actualidad los distritos notariales de Jerez de la Frontera y de Algeciras no han transferidos aún sus protocolos notariales al Archivo Histórico Provincial, y lo tienen depositado en acuerdo con los respectivos Ayuntamientos en instalaciones anejas al Archivo Municipal.

Los Protocolos Notariales están descritos a través de diversos instrumentos de descripción que los archiveros han ido elaborando con la consulta directa de los volúmenes ingresados,  para que sean accesibles a investigadores y ciudadanos en general.

Si tuviéramos que destacar algún instrumento de descripción en particular, este tiene que ser el que Índice de disposiciones testamentarias de los diferentes distritos notariales, que es consultado por un sinfín de investigadores del mundo entero, aunque a día de hoy sólo es accesible en sala, o a través de una petición al Archivo, solicitando los datos del testador.

De esta manera en un número de más de 209.000 registros, se ha realizado un vaciado de las diferentes variantes testamentarias, que en un arco cronológico que abarca desde el Siglo XVI hasta 1915, refleja en un trabajo global de más de treinta años por los archiveros que han pasado por el AHPCA, el nombre del otorgante, la profesión que declaró, la naturaleza –localidad de nacimiento- y provincia, así como la fecha de la disposición testamentaria, y por supuesto el numero del protocolo y la localidad donde testo, así como los folios donde se localiza el documento en cuestión, además de las observaciones que se estimen oportunas –estado de conservación del documento, etc.-

También es necesario destacar otros instrumentos de descripción que se han realizado de cada uno de los distritos notariales ingresados en el Archivo. Así además de los propios Inventarios de todos los distritos notariales transferidos, indexados por la localización topográfica del Protocolo, por orden cronológico de estos Protocolos y por el número de cada Notaría y del nombre de cada Notario, también contamos con un amplio conjunto de catálogos.


Sólo por citar algunos de estos catálogos trabajados desde los fondos notariales y  editados y publicados por el AHPCA, indicar el catálogo de documentos genealógicos del archivo, el catálogo de disposiciones testamentarias de nobles del archivo, el de disposiciones testamentarias de Vascos del archivo, el de planos y dibujos conservados en los protocolos notariales del archivo, el catálogo de Compañías Mercantiles de Cádiz del Siglo XIX, el referido a “Las Cortes de Cádiz y el Protocolo Notarial”, el catálogo de protocolos notariales de Gibraltar y su campo (1522-1713), y otros tantos.

Asimismo trabajamos con documentos de difusión para hacer accesible los documentos de archivo a la ciudadanía en general, que publicamos y exponemos con “documentos destacados del mes” a lo largo del año. Concretamente en este mes de Noviembre de 2016, hemos publicado el documento que intitulamos: “La actitud ante la muerte en Cádiz en la Edad Moderna De la práctica testamentaria al negocio de la salvación”.

En este estudio contextualizamos como los gaditanos y foráneos usaron los elementos y rituales para testimoniar su tránsito hacia la muerte y su sacralización, principalmente a través de los Testamentos, como el testimonio documental de la dimensión trascendente, individual y social, y que siguen siendo una fuente fundamental para los estudios históricos.

En el Testamento, -Testimonio de la voluntad– se reflejan las recomendaciones del “arte del buen morir” y así en su parte dispositiva quedan reflejada las disposiciones espirituales, referidas al enterramiento, misas y donativos piadosos, así como las disposiciones materiales, los legados y los herederos.

Para acceder al documento haga clic aquí.

Para contactar con el AHPCA existen diferentes vías de comunicación, tales como la pagina ,el correo electrónico informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es, el teléfono directo: 956.22.03.51, o en las redes sociales.

Santiago Saborido Piñero

 

Santiago es Funcionario. Facultativo de Archivos de la Junta de Andalucía. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz, Máster en Archivística por la Universidad de Sevilla y Máster en Bibliotecas Digitales por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido Director del Archivo Central de la Consejería de Obras Públicas de la Junta Andalucía, Director del Archivo Central de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y Asesor Técnico de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. En la actualidad es Asesor Técnico, Conservación e Investigación del Archivo Histórico Provincial de Cádiz.

Acerca del autor:

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