Autor: Eduardo Amat Alcaraz
abril 18, 2016

Liquidación complementaria por comprobación de valores en impuestos cedidos: ¿método de recaudación justificado o abusivo?

 

Cuando alguien compra un inmueble, o adquiere bienes por herencia de un familiar, o realiza cualquier otro acto jurídico con trascendencia fiscal, y paga los preceptivos impuestos derivados de dicho acto, no puede quedarse del todo tranquilo pensando que ha cumplido con el fisco. Eso sólo sucederá si los impuestos pagados corresponden a los valores que Hacienda asigna a los bienes objeto del acto formalizado, y no son inferiores a los que la Administración Tributaria considera; de lo contrario, dicha persona corre el riesgo, casi inevitable, de que durante los cuatro años siguientes (plazo de prescripción del impuesto) le llegue una cartita notificándole que Hacienda le gira una liquidación complementaria a la presentada inicialmente por comprobación de valores de los bienes o derechos adquiridos.

¿Es esto justo? ¿Goza esta actuación de amparo legal o, incluso, constitucional? ¿Qué puede hacer el ciudadano frente a esto? Es lo que vamos a tratar de analizar en este post, para lo cual vamos a comenzar exponiendo una breve historieta con la cual muchos lectores se sentirán identificados.

El descubrimiento de la existencia de la comprobación de valores

Una persona comparece ante Notario para otorgar la escritura de compra de su vivienda a otro particular; va a pagar un precio de, pongamos como ejemplo, 100.000 euros, los cuales normalmente van a ser financiados en su mayor parte por una entidad bancaria, por lo cual se otorgará acto seguido a la escritura de compraventa una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. Se justifican convenientemente los medios de pago del precio de 100.000 euros empleados (cheque bancario con cargo al préstamo a conceder; puede también que transferencia bancaria, u otro cheque, o ingreso en cuenta, respecto del resto, o de la señal dada en su momento para la reserva de la vivienda).

El Notario lee y explica suficientemente a las partes el contenido de la escritura, hasta que llegamos a las cuestiones fiscales. La comúnmente llamada “plusvalía municipal” (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) la satisface (salvo pacto en contrario) el vendedor. Y el comprador satisfará el impuesto indirecto que grava la transmisión; en el caso, al ser una segunda transmisión por un particular, será el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas -TPO-, que oscila entre un 6% y un 10% según la Comunidad Autónoma donde radique el inmueble (sin perjuicio del acogimiento a reducciones o bonificaciones fiscales); vamos a suponer aplicable un tipo del 8% (el general en la Región de Murcia, donde ejerzo).

En este momento llega la madre del cordero: se le informa al ilusionado comprador que deberá liquidar y pagar en Hacienda en el plazo de 30 días hábiles desde la firma de la escritura el 8% del precio que ha pagado por su vivienda, 8.000 euros por lo tanto; el comprador, aun conocedor ya normalmente de esta circunstancia, y con el bolsillo preparado para tan importante desembolso fiscal, deja esbozar una sonrisilla nerviosa… y entonces el Notario suelta el “pero”: pero, añade el fedatario, cabe la posibilidad -en los tiempos que corren, prácticamente certeza-, de que al comprador le venga “la cartita” de Hacienda dentro de los 4 años siguientes (plazo de prescripción de la acción de reclamación tributaria) al otorgamiento de la escritura…

¿Qué es la “cartita” con la comprobación de valores?

Pues la liquidación complementaria por el impuesto de TPO, al considerar Hacienda que la vivienda comprada vale más de 100.000 euros, e incoar un procedimiento de comprobación de valores en base a alguno de los métodos de valoración previstos legalmente (artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, en relación con el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de Septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados).

“¿Pero cómo va a ser eso, señor Notario?” Pregunta trémulo el comprador, al que se le ha borrado ya su nerviosa pero alegre sonrisa, y empieza a mudarle el color de la cara y brillar sudor en su frente. “Si yo he pagado 100.000 euros, usted lo ha visto y comprobado, ¿cómo voy a pagar más impuesto que el que corresponde a ese precio? Eso es injusto…” Y el señor Notario (que todo lo más que puede hacer es advertir al comprador, calcular el valor de la vivienda estimado a los ojos de Hacienda y, a lo mejor, animar al comprador a, llegado el caso, interponer recursos administrativos…), no sabe qué responder, porque en el fondo piensa también como el comprador, que eso no es justo…

 

¿Creen que ésta es una trágica y terrorífica historia de ficción? Lamentablemente, no, sino que es el pan nuestro de cada día en todas las Notarías españolas, y la verdad que continuamente me pregunto si algún día esta situación, que supone la consagración de un flagrante caso de inseguridad jurídica del ciudadano frente a la Administración (que es lo peor que puede suceder en un Estado de Derecho), llegará a su fin; y más aún, me planteo, y es lo que voy a tratar de esbozar someramente en este artículo, si esta actuación tributaria goza de amparo legal y constitucional.

¿Quién hace la comprobación de valores?

Los impuestos que gravan las transmisiones entre particulares son el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (para las transmisiones lucrativas, mortis causa o inter vivos). Dichos impuestos son tributos cedidos a las Comunidades Autónomas, en función de los puntos de conexión previstos por la normativa específica del impuesto en cuestión (la del lugar de ubicación del inmueble transmitido; o la del lugar de última residencia habitual del causante, o de la residencia del contribuyente adquirente; o, incluso, el lugar de otorgamiento del documento público transmisivo).

Actualmente, la vigente Ley 22/2009, de 18 de Diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA, como anteriormente la Ley 21/2001, reconocen a éstas competencias para regular los aspectos sobre “gestión y liquidación” de los impuestos objeto de análisis en el presente artículo (ITPAJD e ISD).

Pero como ya estableció el Tribunal Constitucional en su Sentencia 161/2012, de 20 de Septiembre (en relación a la Comunidad Autónoma de Andalucía), y ha reiterado recientemente en otras dos importantes sentencias, la 25/2016, de 15 de Febrero (Murcia) y la 33/2016, de 18 de Febrero (Galicia), de ningún modo tienen las CCAA atribuidas competencias para modificar los medios de comprobación de valores previstos en la normativa estatal, y menos aún para regular e introducir ex novo medios no previstos en la Ley General Tributaria, pues la propia Ley de cesión competencial (artículo 55 de la Ley 22/2009) obliga a las CCAA a sujetarse a los criterios del Estado. Mi compañero Joaquín Zejalbo analiza magníficamente estas sentencias aquí: Inconstitucionalidad de medios de comprobación de valores no adaptados a LGT

¿Cuáles son los medios de comprobación de valores?

El artículo 46 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de Septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y el artículo 18 de la Ley 29/1987, de 18 de Diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establecen que “la Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos por los medios de comprobación establecidos en el artículo 52 de la Ley General Tributaria -actualmente, artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria-“.

Este artículo 57 de la LGT recoge los diferentes medios a que puede recurrir la Administración tributaria para comprobar los valores declarados para los bienes o derechos cuya transmisión constituye el hecho imponible del impuesto respectivo, así, entre otros: estimación por referencia a los valores publicados en registros oficiales de carácter fiscal (que, tratándose de bienes inmuebles, será el valor catastral multiplicado por un coeficiente multiplicador dependiendo del municipio); precios medios en el mercado; dictamen de peritos de la Administración; valor asignado en pólizas de contratos de seguro, o en la tasación a efectos de hipoteca; valor declarado en otras transmisiones del mismo bien, etc.

¿Es obligatorio para Hacienda usar en todos los casos los medios de comprobación de valores?

Lo primero sobre lo que cabe llamar la atención es que los citados preceptos de las Leyes reguladoras del ITPAJD y del ISD establecen que “la Administración podrá comprobar“; es decir, no existe una inexcusable obligación administrativa de comprobar el valor real de los bienes transmitidos que dan lugar al devengo del impuesto, sino que se establece una mera potestad de la Administración actuante, para llevar a cabo dicha comprobación de valores.

Sin embargo, el ejercicio de dicha potestad no debe ser caprichoso ni arbitrario, pues ello generaría indefensión y vulneraría los más fundamentales derechos de los contribuyentes administrados, sino que ha de obedecer a argumentadas motivaciones; esencialmente, la existencia de indicios fundados de ánimo defraudatorio a la Hacienda Pública, al ser los valores declarados por el contribuyente notablemente inferiores a los resultantes de la comprobación de valores realizada por la Administración actuante, lo que indudablemente determinaría una menor cuota tributaria a ingresar por razón del impuesto devengado, y generándose por las circunstancias concurrentes en el caso concreto razonables sospechas de que los valores declarados no pudieran corresponderse con los valores reales o precios de transmisión, cometiéndose fraude fiscal.

En el caso de compraventas u otras transmisiones onerosas formalizadas en escritura pública notarial, es indudable que el riesgo de ese fraude fiscal es menor, dado que los Notarios son sujetos obligados por la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y fraude fiscal (Ley 10/2010, de 28 de Abril, Ley 7/2012, de 29 de Octubre, y demás normativa complementaria y de desarrollo); de forma que si concurren indicios fundados de que el precio declarado es notoriamente inferior al realmente entregado, el Notario ha de comunicar la operación a los órganos competentes.

Y, en tales casos, vería lógico que la propia Hacienda, al revisar la liquidación del impuesto sobre TPO practicada por esa transmisión presuntamente fraudulenta, iniciara un procedimiento de comprobación de valores al no tener plena certeza de que el precio declarado en base al cual se ha pagado el impuesto corresponde con el real, fijando en tal caso la propia Administración tributaria el valor que ha de constituir la base imponible del impuesto por alguno de los medios previstos en el citado artículo 57 de la LGT.

Pero en el resto de casos (la mayoría, de hecho), en que no se aprecian indicios de falsedad en la declaración del precio en la escritura, y en la que el Notario ha ejercido su función y obligación de comprobar los medios de pago empleados por las partes, ¿por qué ha de someterse a los sujetos pasivos -los adquirentes- a una mayor carga impositiva? ¿Acaso responde ello a los más elementales principios de capacidad económica, justicia tributaria y esfuerzo fiscal?

Los principios constitucionales tributarios y la comprobación de valores

El artículo 3 de la LGT recoge los principios generales tributarios, entre los que se encuentran los llamados principios de ordenación, que son aquéllos criterios jurídicos que ha de observar el legislador tributario para la elaboración de los tributos, y que no son otros que los consagrados por la Constitución española en su artículo 31: capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos; justicia; generalidad; igualdad; progresividad; equitativa distribución de la carga tributaria; y no confiscatoriedad.

Pues bien, considero que en las liquidaciones fiscales complementarias por comprobación de valores, cuando el precio o valor fijado y declarado por el contribuyente como base imponible del impuesto es real, resulta acreditado, no es temerariamente inferior al valor establecido por la Administración tributaria y, sobre todo, ha sido controlado por un Notario (funcionario público independiente, recordemos), se conculcan y vulneran, al menos, los principios constitucionales de capacidad económica, justicia y no confiscatoriedad:

  • La capacidad económica del contribuyente en el acto cuya realización da lugar al devengo de un impuesto resulta de manifiesto y se cristaliza en la propia suma de dinero que él mismo ha pagado como precio (teniendo en cuenta que, en la teoría económica, el precio es la cantidad de dinero que una persona está dispuesta a dar a cambio de un bien o servicio; no da más porque no tiene o no quiere; no da menos porque la otra parte no lo admite; ese precio acordado es justo en lo que se materializa la capacidad de pago, por tanto económica, de las partes).
  • Sostener lo contrario es ontológicamente una injusticia.
  • Y determina una actitud de la Administración tributaria ferozmente recaudadora rayana con la confiscación al ciudadano.

Propuesta de revisión del sistema de comprobación de valores

Por ello, defiendo que en estos supuestos de transmisiones onerosas en las que el precio o contraprestación resulta suficientemente acreditado y no concurren, a juicio del Notario autorizante de la escritura pública de transmisión, indicios fundados de fraude fiscal (en cuyo caso, deberá ponerlo en conocimiento de los organismos de control pertinentes), no debería haber lugar a expediente alguno de comprobación de valores por la Administración tributaria competente (la Comunidad Autónoma que tenga cedida la gestión del impuesto).

Sin embargo, en las transmisiones gratuitas (o en las onerosas no documentadas en escritura pública notarial, o en las documentadas públicamente en que el Notario haya comunicado la operación por indicios de declaración de precios o valores inferiores a los reales) sí que deben existir siempre unos valores fiscales claros y públicos que sirvan de baremo; es lógico pues, en caso contrario, se motivaría a declarar en el documento contractual un valor de transmisión ínfimo a fin de soportar una menor carga tributaria.

Necesaria utilización de medios precisos de comprobación de valores

Pero han de tratarse, insisto, de valores fijados por la Administración en base a criterios de cálculo meridianamente claros, certeros y dotados de la suficiente publicidad; pero que sea uno, o dos (uno principal, y uno supletorio), y no una pléyade de criterios como los recogidos en el artículo 57 LGT.
Y, por supuesto, a salvo en todo momento y lugar el derecho del interesado a acreditar un menor valor del determinado fiscalmente mediante la pertinente tasación inmobiliaria (tasación que, y lo apunto simplemente, creo que debería ofrecer las suficientes garantías para poder amparar la postura del contribuyente, de forma que quizás debiera ser emitida siempre por una sociedad tasadora oficial habilitada, y regularse legalmente su método y forma de elaboración).

Ese valor fiscal de referencia podría determinarse, por qué no, por el mismo sistema de valor catastral por coeficiente multiplicador según municipio aprobado anualmente que utilizan la mayoría de las Comunidades Autónomas, pero siempre que el valor fijado mediante la aplicación de dicho criterio resulte suficientemente motivado; ya que lo que no es admisible, y así lo ha declarado la Jurisprudencia, es que la valoración dada por la Administración tributaria actuante no esté debidamente motivada, motivación que debe ser puesta en conocimiento del obligado tributario para alegar lo que crea procedente en defensa de su derecho.

Pero lo que no cabe es que no se explique por la Administración actuante cómo se ha determinado el valor catastral de los inmuebles actualizados a la fecha del devengo del impuesto, ni cuál es el valor de partida para alcanzar esa suma, ni cuáles han sido los específicos coeficientes de actualización anuales tomados en consideración para determinar el valor, pues, como es práctica habitual, el día del devengo del impuesto no se suele realizar ningún dictamen o valoración del inmueble por peritos de la Administración; todo lo cual vulnera el derecho del contribuyente a conocer en plenitud los fundamentos técnicos y fácticos de la valoración efectuada por la Administración que necesitará para, en su caso, ejercer las acciones procedentes en defensa de su derecho, generándose indefensión para el obligado tributario.

Jurisprudencia reciente sobre comprobación de valores

En este sentido, merece la pena traer a colación la reciente sentencia del Tribunal Supremo 14/2016, de 18 de Enero, dictada en unificación de doctrina, señalando que “no se entenderá que el valor está debidamente motivado si la valoración no se refiere al momento exacto del devengo, si el perito -en el caso de utilizarse el dictamen de peritos de la Administración como medio de comprobación de valor- carece de la titulación adecuada al objeto a valorar, o si no existe identidad entre el objeto de la transmisión y el de la comprobación”.

Critica el Alto Tribunal el recurso generalizado de la Administración Tributaria a la tasación pericial contradictoria, y pone de manifiesto que cuando se utilice como método de valoración de los previstos en el artículo 57 LGT, el dictamen de peritos de la Administración, no puede producirse una “simbiosis” o “hibridación” de medios valorativos, bajo el pretexto de la utilización por el perito de diversos métodos (comprobación de valores de mercado, o referencia a precios oficiales, etc.) pues estos medios servirán para fundamentar el informe del perito, pero no cabe sustituir el valor real determinado por el perito por el que resulta de la aplicación automática de dichos otros distintos medios de valoración; debiéndose en todo caso justificar el “modo de ponderación, actualización, extrapolación e individualización de los datos obtenidos de los estudios de mercado”.

Y, finalmente, resalta la sentencia que “se exige una valoración individualizada, en contraposición a la naturaleza del precio medio, de carácter objetivo y general, por lo que se exige que el perito razone la aplicación de dichos precios medios, lo que en la mayoría de las ocasiones obligará a una inspección personal del bien a comprobar“.

¿Qué puede hacer el contribuyente ante una comprobación de valores?

Cuando el sujeto pasivo del impuesto recibe la “cartita” notificándole una liquidación tributaria complementaria por comprobación de valores, puede optar por alguna de estas vías:

  • Pagar la cantidad reclamada (la diferencia entre la cantidad inicialmente ingresada y la estimada por Hacienda en base a los valores por ella determinados, más los intereses moratorios devengado por el pago fuera del plazo establecido), aceptando sin condiciones la revisión de valores realizada por la Administración tributaria.
  • Impugnar la liquidación complementaria recibida, interponiendo bien un recurso de reposición que resolverá la misma Oficina Liquidadora que dicta el acto administrativo de liquidación, bien directamente una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR); ambos recursos deben interponerse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se reciba la notificación de la liquidación complementaria (“la cartita”).
  • Y promover en el mismo plazo la práctica de una tasación pericial contradictoria, que determinará, automáticamente y sin necesidad de presentación de garantías, la suspensión del ingreso de la liquidación practicada y de los plazos de reclamación contra la misma; pudiendo el interesado simplemente reservarse el derecho a promover en el futuro dicha tasación pericial contradictoria en el momento de presentar recurso de reposición o reclamación económico administrativa, con los mismos beneficios apuntados.

Mi compañero Luis Prados explica en su blog, con la brillantez que le caracteriza, todos estos derechos del contribuyente afectado por una comprobación de valores: Actuaciones posibles frente a una comprobación de valores

Conclusiones sobre la comprobación de valores

Entiendo, en definitiva, que la revisión del sistema propuesta, bien articulada, es la más adecuada -en términos de justicia material- y acomodada al principio de capacidad económica del contribuyente que ha de inspirar la aplicación de todo gravamen tributario. No me convencen otras posibles alternativas, como el sistema francés de aplicación de tipos impositivos fijos según escalas de valor del inmueble.

Se ha de satisfacer el impuesto por el precio libremente determinado por las partes, revelador de su capacidad económica, declarado y acreditado; no por más valor que ése, fijado por la propia Hacienda Pública recaudadora, que ejerce de forma apabullante como juez y parte. Ésta sólo es una modesta opinión personal, pero, como dijo Martín Lutero, “el pensamiento se halla libre de impuestos”.

 

Acerca del autor:

Notario de Puerto Lumbreras (Murcia).

Eduardo Amat Alcaraz – ha escrito posts en NotaríAbierta.


 

 

20 Comentarios

  1. Extraordinario post, refleja a la perfección la realidad de lo que ocurre en las CCAA, en las que las completarías son un atropello, del que solo se salva el que acude a los TEAR. Estoy de acuerdo con cada palabra escrita.

    1. Estimada Asunción: muchas gracias por sus amables y motivadoras palabras. El tema tratado en el post es un caballo de batalla permanente en el que se pone bien de manifiesto la esencial función de los Notarios como asesores y protectores de la parte contractual más débil (en este caso, el ciudadano particular contribuyente); y en el que debería articularse un término medio entre el voraz y desmedido afán recaudatorio y la legítima aplicación tributaria y de lucha frente al fraude fiscal, teniendo en todo caso como principio esencial a observar el de capacidad económica del contribuyente.
      Un saludo y gracias por seguir el blog.

  2. Excelente publicación Eduardo. Muy bien explicado.

    1. Muchas gracias, señor Reina, por participar en este blog, y por sus halagador comentario, de singular valor dado que me consta que es un perfecto conocedor de todo este mundillo de las gestiones fiscales.
      Un saludo.

  3. Muchas gracias por la excelente exposición y suscribo su comentario sobre el valor asesor del notario pero desgraciadamente no siempre se da y especialmente en personas mayores que hacen un testamento en pro indiviso y nadie le informa de las consecuencias que puede tener si los hijos no se ponen de acuerdo y peor si se establece albacea con intereses particulares

    Como ya he dicho, en otros foros, si el notario informara de palabra y por escrito (previo pago) de las consecuencias y el coste de la no aceptación, seguro que muchos testamenos cambiarían y de paso la herencia sería para los herederos y no para los abogados y, además, los juzgados estarían más despejados

    1. Muchas gracias por seguir el blog y por su aportación, si bien no alcanzo a comprender bien la relación de su comentario con el contenido del post.
      No deseo extenderme mucho sobre un tema que requeriría debate separado; pero sí que puedo asegurarle que, si hay un documento en el que la labor asesora del notario se presta con más ahínco aún, ése es justamente el testamento (y ello, pese a su reducida rentabilidad económica en términos de aranceles notariales, pues ese asesoramiento e información prestados no supone pago adicional como señala en su comentario, y todo ello, junto con la redacción y autorización del documento, suponen unos honorarios de menos de 40 euros).
      En mi caso particular, pregunto a los testadores que, si tienen clara la forma de reparto de sus bienes entre sus herederos (normalmente hijos), lo dispongan así expresamente en su testamento; pero desgraciadamente, la mayor parte de las veces no tienen tomadauna decisión al respecto, por lo que instituyen herederos por iguales partes (a lo que siempre advierto que ello conllevará que los herederos se pongan de acuerdo en la partición, si bien esto es algo de lo que los testadores normalmente son ya conscientes). Y se tienen en cuenta también las posibles renuncias hereditarias, para lo cual se prevén en el testamento mecanismos como la sustitución hereditaria o el derecho de acrecer.
      De todos modos, y por acabar, los conflictos por cuestiones hereditarias, sobre todo en patrimonios de gran valor, me temo que es algo casi ínsito a la condición humana. Aunque las últimas reformas legislativas tratan de reducir la litigiosidad judicial derivada de cuestiones hereditarias, y así, la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 prevé actuaciones notariales como la interpellatio in iure del art. 1.005 del Código Civil, o el nombramiento de contador partidor dativo.
      Un saludo.

  4. Eduardo, con este post nos ayudas muchísimo a todos para poder explicar a quienes otorgan las escrituras, con toda claridad, el periplo que los Estados de Derecho avanzados no deberían hacer nunca. Normas ciertas en temas fiscales también ayudan a la economía de un país, y mucho.
    Enhorabuena por la clara y cabal exposición.

    1. Muchas gracias compañera. Todos los agentes implicados en estas cuestiones fiscales (entre ellos, nosotros los notarios) debemos hacer ímprobos esfuerzos para dotar de un mínimo de certeza y seguridad jurídica a las operaciones en las que intervenimos, pues el oscuro sistema recaudador está precisamente diseñado para lo contrario (y a río revuelto, ganancia de pescadores).
      Un abrazo.

  5. Enhorabuena por el “post”, del todo acertado en sus consideraciones y en el momento, pues hay la sensación -fundada- de que este asunto hace ya tiempo que adquirió cotas insoportables.

    Me permito llamar la atención sobre varios aspectos:

    -. El atenerse a los valores publicados por la CA de turno no siempre es garantía de que la operación no sea comprobada al alza.

    -. Mucha precaución con el trámite de audiencia y con el recurso de reposición: ambos trámites son el caldo de cultivo idóneo para que sea aplicable eso de que “todo lo que Ud diga podrá ser utilizado en su contra”.

    -. La TPC (mediando su reserva previa) habrá de instarse -en su caso- cuando se agote la vía administrativa, lo que aboca a que si se sigue la impugnación en vía judicial pudiera haber situaciones del todo incompatibles.

    -. Ítem más: ya hay quien -no sin fundamento- argumenta que en estos escenarios no es de recibo que las CCAA exijan intereses de demora, al tratarse de meras diferencias valorativas sometidas a un elevado grado de subjetividad.

    Es, en fin, una situación del todo insostenible, tal y como reiteradamente se ha denunciado en el blog “ESPACIO TRIBUTARIO”:

    -. http://fiscal.blogsiga.net/index.php/la-politica-fiscal-autonomica-entre-la-melancolia-y-el-fariseismo/

    -. http://fiscal.blogsiga.net/index.php/comprobaciones-de-valores-del-just-do-it-al-conceto-manquina-dixit/

    -. http://fiscal.blogsiga.net/index.php/comprobraciones-de-valores-seguimos-para-bingo/

    Y eso ya por no hablar de la ya kafkiana situación del “arbitrio de plusvalía” (IIVTNU), la guinda del pastel: http://www.fiscal-impuestos.com/ayuntamiento-leganes-reclama-pago-plusvalia-venta-parcelas-centro-comercial-m40-vendido-menos-mitad-precio-estimado.html

    En fin, que no queda más que gritar ¡AUXILIO!

    1. Muchas gracias, señor Gómez Taboada, por seguir el blog y por su aportación a este post, especialmente cualificada viniendo de un experto en la materia como es Ud. Sigo sus trabajos, y fundadas opiniones como la suya son las que lograrán poner un poco de cordura en esta materia que nos atañe. Entre tanto, sólo nos queda a los ciudadanos ampararnos mutuamente, pues creo que nadie acudirá en respuesta al auxilio que reclama.
      Un afectuoso saludo.

      1. Soy yo el agradecido, Sr. Amat, por su oportuno y del todo acertado “post”, pues abunda en una queja que ya debiera ser todo un clamor social.

        Gracias por sus desmedidas e infundadas loas; créame que las más de las veces tan solo ejerzo mi legítimo derecho al pataleo.

        Un afectuoso saludo.

  6. Estimado Eduardo,

    Agradezco mucho su labor en la ayuda y clarificación para un lego en fiscalidad como soy.

    He recibido notificacion complementaria por la adquisición de una vivienda en 2013, donde Hacienda considera el l valor declarado levemente inferior, sino también del uso de dicha vivienda pués pretendidamente no es mi vivienda habitual, y por ende me recalculan con gravamen del 8% en vez del 3.5%

    No me empadroné en la vivienda refrida pués sigo empadronado en otro municipio donde tengo el 50% de propiedad de otro inmueble.

    ¿Es suficinte alegación ( tengo 10 días) recibos de teléfono+adsl + luz..etc como el consumo detallado mensual, incluso diario, desde prácticamente días después de escritura hasta la fecha ininterrumpidamente? Por supuesto soy el titular de las facturas y también Presidente de la Comunidad desde enero de 2014

    Siempre actué de buena fe escritudando por el valor de compra-venta

    Muy agradecido por su atención

  7. Estimado Sebastián:

    Entiendo que la clave de tu problema radica en la acreditación del carácter habitual de la vivienda, a fin de poder acogerte efectivamente al tipo de gravamen reducido del 3,5% en vez del 8%.
    No comprendo muy bien lo de que el inmueble adquirido no es “pretendidamente” tu vivienda habitual; debería ser todo lo contrario, pues se solicita la aplicación de beneficios fiscales porque la intención es destinar la vivienda adquirida a ser la habitual del adquirente.
    En todo caso, es un problema de actividad probatoria de una cuestión fáctica como es la condición de habitualidad de la residencia (considerándose habitual, conforme a la normativa del IRPF, aquella en la que el contribuyente reside más de 183 días al año). Indudablemente, el certificado municipal de empadronamiento es uno de los más claros medios de prueba (siempre aconsejo en estos casos a los adquirentes que solicitan bonificaciones fiscales por vivienda habitual que se empadronen ipso facto en el inmueble); pero, como tiene reiteradamente declarado la Jurisprudencia, no es el único, y dicho carácter habitual puede acreditarse por cualesquiera medios de prueba admitidos en Derecho, y parece que en tu caso puedes aportarlos: no sólo las facturas de suministros, sino que el hecho de que hayas ejercido el cargo de Presidente de la Comunidad denota que has ocupado el inmueble (no tiene sentido designar como Presidente a una persona que no habita en el edificio y no puede dar respuesta a los problemas diarios que puedan presentarse); en el mismo sentido, otra prueba podrían ser las declaraciones testificales de vecinos, administrador de la Comunidad, etc.
    En cualquier caso, la valoración de dichos medios de prueba es algo que corresponderá al órgano administrativo o judicial que deba resolver la reclamación o recurso interpuesto.
    Gracias por visitar el blog.
    Un saludo y suerte.

    1. Estimado Eduardo,

      Muchas gracias por tu pronta respuesta.
      Si, has entendido bien.
      Lo de “presuntamente” fue mi manera de interpretar que tras comprabación realizada por la Administración, ésta comprueba que no se considera vivienda habitual puesto que no consta como tal el domicilio del inmueble objeto de la transmisión en la base de datos tributarios (SUR / ATRIAN derivada de la BDC / AEAT)

      Confío estimen mis documentos como probatorios para considerarla vivienda habitual, así como también tengan a considerar que el valor real del inmueble fue el que se reflejó en la autoliquidación presentada en su día.

      Mi enhorabuena por su labor y gracias por la ayuda

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  10. Muchas gracias por el post, muy aclaratorio.
    ¿Podría responderme a esta pregunta?.
    Hemos realizado una compra de un solar habiendo pedido previamente una prevalorización del mismo a la Consejería de Hacienda.
    La prevalorización facilitada por Hacienda es bastante inferior al precio final pactado y escriturado con el vendedor.
    La cuestión es la siguiente: ¿que valor habría que liquidar en el impuesto de transmisiones patrimoniales, el valor facilitado por la consejería de Hacienda (inferior) o el valor real de la compraventa escriturado (superior)?.
    Muchas gracias.

    1. Gracias por su comentario, Jesús, me alegro que le haya servido el post.
      Respecto a su cuestión, lamentablemente la base imponible del impuesto ha de ser el precio o valor real escriturado, al ser superior al establecido por la Administración, tal y como establece el apartado 3 del artículo 46 de la Ley del ITPAJD.
      Un saludo.

      Un saludo.

  11. Buenas tardes Eduardo,
    Muchas gracias por el post.
    Acabo de adquirir una vivienda pongamos por 300000 euros. Los valores proporcionados por la Consejería de la Comunidad de Madrid (plazo informe dentro de los tres meses a realizar la transacción) de aproximadamente la mitad.
    Mi duda surge precisamente en si se puede llevar a cabo una comprobación de valores por haber declarado un valor real inferior al escriturado cuando ha sido la propia administración Tributaria la que los ha proporcionado basándose ella misma en el propio art. 57 LGT y siendo la fuente de toda discrepancia.
    La inseguridad jurídica generada al sujeto pasivo es máxima.

    Muchas gracias por amador un poco de luz en todo este embrollo generado por la propia Administración.

    1. Hola Javier. Lamentablemente, la base imponible por la que tiene que liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas es el precio declarado, la cantidad de 300.000€ en este caso.
      El artículo 46.3 de la Ley de ITPAJD dispone: “Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación, aquél tendrá la consideración de base imponible. Si el valor resultante de la comprobación o el valor declarado resultase inferior al precio o contraprestación pactada, se tomará esta última magnitud como base imponible.“
      La Administración comprueba y usa sus valores cuando el declarado por el interesado resulta inferior, pero si resulta superior, toma éste…
      Gracias por su comentario, y enhorabuena por la compra de la vivienda, que el paso por la caja de Hacienda no empañe su disfrute.

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