Autor: Antonio Cortés García
marzo 19, 2016

El proceso monitorio y la protección a los consumidores

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de Febrero de 2016, en el asunto C-49/14 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena), sobre el proceso monitorio y las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

¿Qué es el proceso monitorio?

Se regula en los artículos 812 y siguientes de la Ley 1/2.000, de Enjuiciamiento Civil, y es un procedimiento breve que permite obtener un título ejecutivo para el cobro de deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, siempre que se trate de documentos firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca, o de documentos creados por el acreedor unilateralmente, si son de los que habitualmente documentan créditos y deudas, tales como facturas o albaranes de entrega.

¿Cuáles son los hechos que originan la petición?

Una financiera concluye un contrato de préstamo con unos consumidores para la financiación de la compra de un vehículo. El prestatario deja de abonar las cuotas y la financiera acude al proceso monitorio ante el Juzgado de Primera Instancia competente. Como los demandados (prestatario y fiadores) no atienden el requerimiento de pago ni comparecen ante el tribunal en el plazo fijado, el secretario judicial, en aplicación del artículo 816.1 de la Ley 1/2.000 de Enjuiciamiento Civil (en redacción dada por la Ley 13/2.009, de 3 de Noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial) dicta decreto, dando por terminado el proceso, y la financiera demandante solicita del juzgado la ejecución.

El juzgado suspende el procedimiento y plantea ante el TJUE cuestión prejudicial acerca de si es compatible el Derecho procesal español aplicable al caso con el Derecho de la Unión, por cuanto la regulación del proceso monitorio:

  1. No prevé imperativamente el control de las cláusulas abusivas ni la intervención de un juez, salvo que lo considere oportuno el secretario judicial o se opongan los deudores;
  2. Y no permite revisar de oficio, en el posterior proceso de ejecución, la existencia de cláusulas abusivas en el contrato que sirvió para dictar el decreto de ejecución, al considerar el derecho nacional que existe cosa juzgada.

Los principios de equivalencia y efectividad y la cosa juzgada

El Tribunal parte del hecho de que, en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, los diferentes mecanismos nacionales de ejecución forzosa no se encuentran armonizados. No obstante, deben responder a un doble requisito:

  1. El principio de equivalencia, según el cual los sistemas no deben ser menos favorables que los que rigen situaciones similares de carácter interno;
  2. Y el principio de efectividad, según el cual tales sistemas, en la práctica, no deben hacer excesivamente difícil o imposible el ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los consumidores.

Analiza, en primer término, el cumplimiento de ambos principios en el marco del proceso monitorio español. Entiende que se cumple el principio de equivalencia, pues el juez que conoce de la ejecución de un requerimiento de pago tampoco puede apreciar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractuales.

Sin embargo, en cuanto al principio de efectividad, si no concurren las circunstancias que determinan la intervención de un juez (indicadas en el apartado 1. de la cuestión prejudicial), el proceso concluye sin que se pueda realizar un control de oficio de la existencia de las cláusulas abusivas.

Y esta última consideración no queda en tela de juicio por el hecho de que la resolución dictada por el secretario judicial tenga fuerza de cosa juzgada, con efectos análogos a los de una resolución judicial. Entiende el Tribunal que el sistema de aplicación del principio de cosa juzgada en asuntos regidos por la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas, no es menos favorable que el vigente fuera del ámbito de aplicación de esta Directiva, con lo que se cumple el principio de equivalencia. Pero entre las competencias del secretario judicial no figura la apreciación del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas del contrato. Con lo cual, al adquirir la resolución de aquel fuerza de cosa juzgada, hace imposible dicho control, a no ser que los consumidores formulen oposición al requerimiento de pago, o el secretario judicial requiera la intervención del juez.

Añade el Tribunal que existe un riesgo no desdeñable de que los consumidores afectados no formulen la oposición, bien por el breve plazo previsto para ello, porque los costes de la acción en relación con la cuantía de la deuda puedan disuadirlos, porque ignoren sus derechos o no perciban la amplitud de los mismos, o por el contenido limitado de la petición de juicio monitorio presentada por los profesionales, y por ende, el carácter incompleto de la información de que disponen.

Todo ello le lleva a concluir que el sistema de aplicación del principio de cosa juzgada en el marco del proceso monitorio no resulta conforme con el principio de efectividad; y por tanto, que la Directiva 93/13/CEE del Consejo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se opone a una normativa nacional que no permite al juez que conoce de la ejecución de un requerimiento apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando la autoridad que conoció de la petición de juicio monitorio carece de competencia para realizar tal apreciación.

¿Qué conclusiones se extraen?

La sentencia reitera la doctrina ya sentada por el TJUE en la Sentencia de 14 de Junio de 2012 (asunto C-618/10, Banco Español de Crédito), para cuyo cumplimiento ya se reformó el proceso monitorio por la Ley 42/2015, de 5 de Octubre, en vigor desde el día 7 de Octubre de 2015. Tras esta reforma, en el proceso monitorio fundado en contratos entre empresarios o profesionales y consumidores o usuarios, el secretario judicial, con carácter previo a la formulación del requerimiento de pago, debe dar cuenta al juez para que pueda apreciar el posible carácter abusivo de las cláusulas que constituyan el fundamento de la petición o hubiesen determinado la cantidad exigible. Si lo aprecia, y previa audiencia a las partes, dictará auto acordando la improcedencia de la pretensión, o la continuación del procedimiento sin aplicación de las cláusulas abusivas (artículo 815.4 LEC). Esta normativa no existía todavía cuando el juzgado planteó la decisión prejudicial ante el TJUE.

La cuestión, pese a su indudable interés, no afecta de forma directa al ámbito notarial. En este sentido cabe recordar que la Ley 15/2015, de 2 de Julio, de la Jurisdicción Voluntaria, introdujo en los artículos 70 y 71 de la Ley del Notariado el procedimiento de reclamación de deudas dinerarias no contradichas, también llamado monitorio notarial. Sin embargo, la Exposición de Motivos dice expresamente que no es un procedimiento monitorio, sino que sigue la técnica del Reglamento (CE) 805/2004, que establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, y el texto legal excluye expresamente, entre otras, las reclamaciones en que intervenga un consumidor o usuario, que quedan por tanto sustraídas de la competencia notarial, la cual, además, no es exclusiva, sino que se comparte con los actuales Letrados de la Administración de Justicia.

Todo lo concerniente a la protección de los consumidores en relación con las cláusulas abusivas se ha convertido en una auténtica horma del zapato para los juristas prácticos actuales. En ellas, además del indudable componente social, agravado por la crisis, se manifiestan problemas jurídicos muy peliagudos, en tanto que:

  • El concepto de cláusula abusiva es indeterminado.
  • Obliga a una tarea interpretadora e integradora que dificulta la formulación de normas generales, pues lo que en un caso podría resultar claramente abusivo, en otro podrían presentarse circunstancias que excluyeran tal carácter.
  • Su apreciación y las consecuencias que conlleva las sitúan en un plano más propio de la función jurisdiccional, si bien sería posible, e incluso deseable, su control en el momento precontractual siempre que se articularan los medios legales adecuados para ello.

Por último, y para profundizar en el monitorio notarial, son muy recomendables estas entradas de mis compañeros Francisco Rosales y Francisco Mariño (monitorio notarial 1 y monitorio notarial 2), que analizan este nuevo expediente desde una visión práctica.

Acerca del autor:

Notario de Albacete.

Antonio Cortés García – ha escrito posts en NotaríAbierta.


 

 

12 Comentarios

  1. Se podría revisar la cláusula abusiva durante el periodo de oposición a la ejecución del decreto que archive el monitorio por falta de oposición al mismo?

    1. Buenos días Patricia. Creo entender que la pregunta va referida al supuesto previsto en el artículo 816 LEC números 1 y 2. Esto es, cuando el deudor no atiende el requerimiento de pago o no comparece, supuesto en que el secretario judicial dicta decreto dando por terminado el monitorio y da traslado al acreedor para que inste el despacho de la ejecución, en cuyo caso esta se prosigue conforme a lo dispuesto para las sentencias judiciales. Porque en el caso del artículo 817 LEC (el deudor atiende el requerimiento de pago y el secretario acuerda el archivo de las actuaciones), el deudor paga sin oposición.
      Pues bien, en el primer caso, y dada la remisión a las normas de la ejecución de las sentencias, habrá que estar a los artículos 556 y siguientes LEC, concretamente los artículos 560 y 561, que prevén la oposición a la ejecución, y en el apartado 1.3ª habla de “cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter…”, lo que parece indicar que sí cabría que el juez revisase de oficio la abusividad… Aunque se trata de una interpretación personal mía, y tal vez los abogados puedan ilustrarnos mejor sobre lo que ocurre en la práctica.
      En cualquier caso, gracias por la pregunta.

  2. Gracias Antonio y felicidades por tu instructivo post. Como bien dices, la cuestión analizada se resuelve actualmente a través del art. 815.4 LEC, intducido por la Ley 42/2015.
    Respecto al llamado “monitorio notarial”, soy muy crítico con la regulación del ámbito objetivo dado por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, al excluir las deudas fundada en contratos entre empresarios/profesionales y consumidores/usuarios, pues una interpretación extensiva implicaría vaciar prácticamente este expediente y obligar a demandar judicialmente, como hasta ahora, la mayoría de las deudas que se reclaman a través de los procesos monitorios.
    Creo que una interpretación sistemática y finalista coherente debe conducir a entender excluidas sólo las deudas derivadas de contratos en masa, prerredactados por grandes compañías, en el que el cliente-consumidor carece de capacidad negociadora alguna, y tan sólo puede adherirse a su contenido; cualquier otra deuda fundada en contratos entre empresarios/profesionales y consumidores/usuarios, entiendo que los notarios somos competentes para tramitar su reclamación, y no se plantearía problema de indefensión con el deudor-consumidor/usuario, pues, conforme al art. 8 LJV, la LEC es de aplicación supletoria a los expediente que introduce dicho texto legal (entre ellos, el monitorio notarial), con lo que sería aplicable el art. 815.4 LEC y los notarios, en caso de considerar, o de que el deudor lo alegase, el carácter abusivo de alguna cláusula del contrato, deberíamos suspender el expediente y dar cuenta al juez competente para que resolviese sobre la cuestión; aunque, como siempre, hubiere sido deseable una mayor claridad por parte del legislador, y prever una norma como la del art. 129.2. F) para la venta extrajudicial de bien hipotecado ante Notario.

    1. Gracias Eduardo por tu comentario, que daría para escribir no uno, sino varios post… Yo también pienso que el legislador debería haber sido mucho más claro. La interpretación sistemática y finalista a la que apelas tiene sentido, pero por desgracia la Ley del Notariado en la redacción de la LJV dice lo que dice, y excluye los contratos entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, por lo que si nos vamos a los conceptos que de uno y de otro se contienen en la LGDCU, esa interpretación favorable a nuestra competencia puede resultar muy discutible e incluso peligrosa.
      En cuanto a la aplicación supletoria del monitorio judicial al notarial en el punto que comentas, también la encuentro problemática. Recordemos que el monitorio notarial no es en realidad un monitorio y no creo que sea solamente una cuestión de nomenclatura. Por otro lado, ¿tiene sentido hablar de la abusividad de una cláusula fuera del ámbito de su aplicación, que es el de protección a los consumidores y usuarios? ¿Realmente habría cláusulas abusivas en el, parece que estrecho, margen de expedientes que permiten los artículos 70 y 71 de la Ley del Notariado?… Simplemente estoy pensando en voz alta.

  3. Hola Antonio. Enhorabuena por el interesante post. Desde nuestro punto de vista, tengo la sensación, y ojalá esté equivocado, de que lo que llaman monitorio notarial no va a tener un recorrido largo y feliz, por más de una razón. Un saludo.

    1. Sorprendentemente la práctica así lo está probando, pese a que el llamado “monitorio notarial” permite al empresario deducirse el IVA (cosa que puede también conseguir con el monitorio judicial) pero sobre todo, en la ejecución los gastos de notaría entiendo que son costas que pueden ser demandadas.

      ¿Por qué realizas esa afirmación?, no es crítica, ni ánimo de polémica, sino simple curiosidad, y perplejidad ante una realidad que no entiendo

      1. No sé, es una sensación más que algo razonado. Un abogado supongo que lo explicaría mejor. Yo diría que, además de las exclusiones legales, que yo no me atrevo a interpretar restrictivamente, y de una regulación no muy clara en cuanto a notificación, si todo el proceso termina bien, solo terminas generando un título ejecutivo extrajudicial, que tendrás que llevar a ejecutar ante un juez, con el riesgo real de que vea algo mal tramitado, pues es conocida la poca querencia que nuestros jueces tienen al concepto de ejecución extrajudicial, con lo que no existe una ventaja real frente al monitorio directamente judicial, o al menos a mí se me escapa. Pero ya te digo, ojalá no sea así, y supongo que aquí los abogados nos podrían ilustrar si le ven utilidad real al expediente notarial.

      2. Aprovecho para apostillar algo a vuestros comentarios. Sabemos que algunos sectores no han reaccionado muy bien a la asignación de la competencia notarial en este procedimiento. Se ha hablado (equivocadamente) de la “privatización de la justicia” o de la “justicia de dos velocidades”. También se ha hablado de que no es precisa la intervención de abogado ni de procurador. Esto tampoco es necesario en el monitorio, artículo 814.2 LEC, aunque parece que lo habitual es que se acuda al asesoramiento de, al menos, abogado, lo que también sería recomendable en el “monitorio” notarial. Recordemos, Francisco Rosales, algo que tú no te cansas de repetir: que el asesoramiento del abogado y el del notario no son excluyentes, sino complementarios, y más si cabe en expedientes de esta naturaleza. Un saludo a ambos.

    2. Gracias Francisco, viniendo de ti es un elogio, sabes que sigo tu blog siempre que puedo, aunque reconozco que es difícil estar a la altura de tu erudición.
      Yo también tengo misma sensación acerca del monitorio. Puede que influya el hecho de que en ocho meses de vigencia de la LJV, no ya es que no haya tramitado ni uno, sino que ni siquiera me han consultado sobre él. Desde luego la configuración legal ayuda poco, y ayuda mucho menos el cariz que está tomando la doctrina de las cláusulas abusivas y su problemático control de legalidad. Un saludo.

      1. Sí, coincido con lo que decís. Yo la verdad es que tampoco he hecho ninguno, aunque en mi notaría ya ningún documento abunda. Puede que haya más causas que influyan en que este expediente se acabe consolidando o no, aunque para mí, en el fondo, dependerá de que los abogados, que al final, lo imponga o no la ley, estarán dirigiendo el asunto la mayor parte de las veces, consideren que es un procedimiento que, además de seguro jurídicamente (lo que no deja de ser una aventura en los tiempos que corren), da alguna ventaja a sus clientes frente al judicial, bien en tiempo, bien en coste (y felicidades otra vez por la entrada y a todos por el blog).

  4. Me parece una sentencia muy buena. Lo justo vamos.

    1. Estimados compañeros: Gracias por vuestra participación. Saludos. notaríAbierta

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